La corrupción se encuentra entre los tres problemas más importantes para los latinoamericanos, según la encuesta Latinobarómetro de 2013. Sólo la delincuencia y el desempleo lo superan como la principal dificultad de la población en la región. Es un delito universal que está erosionando la credibilidad de los Estados y sus instituciones, afectando significativamente a las sociedades, en especial a los sectores más vulnerables: las mujeres, la niñez, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, entre otros.

 Quienes usan los recursos del Estado o sus posiciones de poder para beneficiarse, minan la capacidad de los gobiernos para ampliar y mejorar la educación y salud; crear programas de vivienda para los más desfavorecidos, ampliar la cobertura de los servicios básicos, como el agua potable o la electricidad; e impulsar el desarrollo humano. En síntesis, reducen el potencial de los Estados para hacer valer los derechos humanos. Además, en muchos casos es un delito relacionado con otros como el lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia.

Por esa razón la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por El Salvador en julio del 2004, establece que cada Estado parte tomará las medidas necesarias para equilibrar las inmunidades y prerrogativas de los funcionarios públicos con la posibilidad de proceder de forma efectiva a investigar, enjuiciar y sancionar la corrupción y los delitos ligados: lavado de dinero, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, abuso de funciones, soborno, malversación, apropiación indebida  u otras formas de desviación de bienes.

Los sistemas de justicia tienen, en este sentido, una función importante que desempeñar. La fiscalía iniciando la acción penal, la policía auxiliando en la investigación y captura de los responsables y las juezas y los jueces determinando responsabilidades y sancionando a quienes se les compruebe su culpabilidad.

No desarrollar a cabalidad las atribuciones de persecución captura y sanción de los responsables o actuar negligentemente frente a la corrupción tanto de funcionarios y funcionarias públicos como del sector privado, perpetúa la concepción de que estas conductas son permitidas o quedan impunes, con lo que estos actos, en sus diferentes expresiones, se repiten y van erosionando gravemente el respeto a la ley, generando violencia y convirtiendo la corrupción en un acto cotidiano para la sociedad.

Por eso, es importante que todas las personas y entidades responsables de investigar, capturar y sancionar a quién ha cometido un acto de corrupción, sean especialmente sensibles y estén atentas a resolver estos casos sin dilación y sin importar quién esté involucrado. Países como El Salvador, que han avanzado significativamente en su sistema democrático y en el respeto al Estado de Derecho, requieren acciones contundentes frente a estos actos para demostrar que nadie está encima de la ley.

La población también debe participar en el combate a la corrupción, pidiendo con contundencia la resolución de estos casos, denunciando a quienes usan el aparato estatal para beneficio propio y absteniéndose de realizar actos de corrupción o de incitarlos.

Otro aspecto al que debe prestarse atención es a la prevención; para hacerlo, la Convención recomienda, entre otras cosas, el establecimiento de sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos, basados en el mérito, la equidad y la aptitud, así como la formulación de códigos de conducta, y el fortalecimiento de los órganos contralores, como la Corte de Cuentas en el caso salvadoreño.

El Secretario General de las Naciones Unidas en su mensaje del Día Internacional contra la corrupción, el año pasado, instó a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a tomar “una postura colectiva contra esta compleja patología social, política y económica que afecta a todos los países. Si queremos conseguir un futuro equitativo, inclusivo y más próspero para todos –agregó el Secretario General– debemos promover una cultura de integridad, transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza”. Me uno a ese llamado.

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