por Gabriela Flores Berroterán, Nicaragua
participante de la Especialización Desarrollo Territorial con Seguridad Humana UNI-UIM-COONS
publicado en la revista VOXLOCALIS ,edición número 73

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El acceso a la justicia para la población en condiciones de vulnerabilidad es una tarea pendiente en la mayoría de los países latinoamericanos. Las personas que habitan en zonas rurales aisladas, sin conocimientos del idioma oficial, que no poseen recursos económicos suficientes, educación o por razones de género, entre otras, han sido históricamente marginadas. A eso se suman los limitados recursos que tienen los poderes judiciales y la gran carga de trabajo de los juzgados locales. Para estas personas, los facilitadores judiciales son una respuesta, un puente a la justicia, su rostro humano.

La figura del Facilitador Judicial nació en Nicaragua a partir de la colaboración técnica que brindó la Organización de Estados Americanos para apoyar el proceso de paz y democracia y conseguir el fortalecimiento del Estado de derecho. Posteriormente comenzó a ser adoptada por otros países como un efectivo mecanismo de acceso a justicia y descongestión judicial.

¿Quiénes son los facilitadores judiciales?

Los facilitadores judiciales son líderes naturales, respetados y avalados por los miembros de su comunidad; cualquier persona con vocación de servicio, que cumpla con ciertos requisitos (ser mayor de edad, no participar activamente en política, no tener antecedentes penales, entre otros) y que sea seleccionada por la comunidad puede convertirse en facilitador judicial; los habitantes designan a la persona en quien confían y que consideran puede llevar a cabo esta labor.

Luego de ser seleccionado el facilitador judicial es nombrado y juramentado por el Juez local del municipio donde reside, quien da seguimiento constante a las actividades de los facilitadores judiciales de su circunscripción.

Los facilitadores son voluntarios, ejercen sus funciones en el marco de su comunidad, barrio urbano o aldea. Su labor la ejercen en áreas sociales o en su vivienda, donde se les solicite información, consejo o apoyo en el tiempo que tienen disponible, sin afectar sus actividades económicas.

Facilitadora Judicial en la comunidad, Honduras.

Fuente: PIFJ-OEA, Honduras.

Fuente: PIFJ-OEA, Honduras.

“… Antes pensaba que los problemas solo los podía arreglar la policía, el juez, pero ahora sabemos que existen personas en nuestras aldeas que saben de leyes y nos pueden ayudar[1]”.

¿Qué hacen los facilitadores judiciales?

Realizan una labor de servicio a la ciudadanía en conjunto con las instituciones de justicia de su país, convirtiéndose en el enlace entre autoridades judiciales y las comunidades.

Informan a la población acerca de temas jurídicos, asesoran a los miembros de su comunidad y acompañan a personas en diferentes gestiones; si es necesario efectúan mediaciones en las materias que la Ley no prohíbe. Remiten los casos que no son de su competencia a las  autoridades y realizan los trámites que les asignan las instituciones operadoras de justicia.

Los facilitadores no tienen facultades jurisdiccionales, no emiten fallos; informan a la población y ayudan a las partes a resolver sus problemas. A través de estas actividades se promueve una cultura de paz y se fortalecen los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos.

Facilitador Judicial realizando una asesoría, El Salvador.

Fuente: PIFJ-OEA, El Salvador.

“… Es una bendición que exista este tipo de personas dentro de la comunidad, que pueda ayudarles a cualquier hora que lo necesiten, porque imagínese que cuando pasa algo de noche, hasta el otro día hay que ir al juzgado[2].”

El caso de Fenicia Urrutia[3]

Doña Fenicia Urrutia es madre soltera. Tiene seis hijos y se dedica al comercio de ropa y zapatos. A fin de sostener su negocio debe viajar hasta la capital (a 125 km de distancia), donde compra su mercadería para luego venderla en su pueblo, El Puerto. Parte de sus ganancias las reinvierte; con otra parte paga sus propios préstamos, y otra parte la ocupa en la manutención de su numerosa familia.

En febrero de 2015, doña Fenicia vendió, a modo de crédito, cosméticos y ropa a su prima Julia Hurtado. La deuda era de 650 dólares. Cuando llegó la fecha de pago, la señora Hurtado se negaba a cancelar su deuda, pese a que doña Fenicia le cobró en diversas ocasiones. Dadas las circunstancias conflictivas, doña Fenicia acudió al facilitador judicial de El Puerto, don Justo Icaza.

El 17 de abril del mismo año, doña Fenicia y su prima se reúnen en casa del facilitador judicial para mediar. Ambas acuerdan de buena manera que la señora Hurtado cancelaría la deuda en cuatro cuotas mensuales. Doña Fenicia quedó satisfecha, no solo por la cancelación, sino también porque no tuvo que hacer gastos innecesarios que le causaran pérdidas superiores a la deuda. Por ello, se siente muy agradecida con el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.

Consolidación de los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales

En el año 2007 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua decidió, en el marco del Plan Nacional de Justicia 2007-2011, convertir el programa de facilitadores judiciales en un Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales para brindar asistencia en todo el país, siendo este operado, administrado y ejecutado por sus órganos regulares.

El servicio es de gran importancia en Nicaragua y en los países donde opera debido a que “permite que los tribunales se descongestionen, al reducir el número de conflictos y costos a la justicia estatal, eleva el nivel de credibilidad y mejora la imagen del sistema, recuperándose el sentido de servicio, solidaridad y de justicia hacia las personas.” (Corte Suprema de Justicia, Nicaragua, 2016).

A partir de esa fecha muchos países se están adoptando esta práctica. Actualmente el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales opera en 8 países de América: Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay, los cuales cuentan con el apoyo técnico que brinda el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos.

El papel de las Alcaldías municipales en el acceso a la justicia en las comunidades.

Se ha comprobado a través de estudios de casos en Centroamérica que acudir a un facilitador judicial reduce significativamente los costos económicos y de tiempo para las partes en conflicto, además ayuda a reconstruir las relaciones sociales que se habían visto afectadas por estos problemas y en algunos casos ha logrado reestablecer la confianza hacia las autoridades ya que ha acercado la figura del juez a las zonas rurales. Todo esto reduce la conflictividad y descompresiona a las instituciones de justicia, así como a una de las entidades más cercanas al ciudadano: las alcaldías.

Por el reconocimiento social que han alcanzado los facilitadores judiciales y el efecto positivo para las comunidades, decenas de alcaldías en El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua se han aliado a este esfuerzo de las instituciones de justicia y están contribuyendo de diversas formas.

A nivel de Alcaldes y Corporaciones Municipales el reconocimiento a los facilitadores judiciales y la disposición de apoyarles en la labor voluntaria que realizan.

A través de las Unidades Técnicas de la Municipalidades, oficinas municipales de la mujer, unidades de medio ambiente, prevención de riesgos, Policía Municipal, entre otros, estableciendo el apoyo y acompañamiento en las capacitaciones a facilitadores en temas afines.

Asimismo, se ha producido una integración creciente de los facilitadores judiciales a los procesos de planificación y sus mecanismos de participación ciudadana; el tema del acceso a justica, la reducción de la conflictividad y la prevención comunitaria están siendo crecientemente incorporados gracias a la introducción del servicio.

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en América.

Actualmente existen en América más de 12 mil facilitadores judiciales, de los cuales 42% son mujeres, quienes brindan acceso a la justicia a más de 6 millones de personas. En 2015 beneficiaron a 720 mil personas, brindaron información en charlas a más de medio millón de personas y evitaron el arribo de 42 mil casos a los tribunales.

La labor voluntaria de los facilitadores judiciales hace a la justicia más accesible para todos, promueve la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos, permite aliviar la carga de trabajo a los poderes judiciales y acerca la figura del juez a las comunidades.

El facilitador judicial brinda seguridad y confianza a las personas, promueve una justicia incluyente y preventiva, y fortalece la cohesión social en los territorios.

Las alcaldías municipales se han convertido en aliadas importantes en el acceso a la justicia a través de su apoyo a los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales. Cada vez más Alcaldías colaboran con las instituciones operadoras de justicia para lograr disminuir la violencia, reducir la impunidad, contribuyendo al desarrollo de una cultura de paz.

 

Referencias bibliográficas:

Flores Berroterán, G. & Ramírez, I. (2016). Estudio de impacto económico de las víctimas en la resolución de conflictos.

Llorente & Cuenca. (2015). La justicia en América Latina como factor imprescindible de desarrollo. Extraído de: http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/150504_DI_informe_especial_justicia_latam_ESP.pdf

Maldonado Mérida, T. (s.f). Acceso a la justicia. Extraído de: http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/10_tmaldonado.pdf

Marabotto Lugano, J. (s.f). Un derecho humano esencial: El acceso a la justicia. Extraído de: http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/116AccesoalajusticiayDDHH.pdf

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (2014). El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (2015). Casos resueltos vía facilitador judicial. Extraído de: http://facilitadoresjudiciales.org/documentos/

Poder Judicial de Nicaragua (s.f). Antecedentes. Extraído de: http://www.poderjudicial.gob.ni/facilitadores/antecedentes.asp


[2] Beneficiaria del Servicio nacional de Facilitadores Judiciales, Escuintla, Guatemala.

[3] Los nombres en el caso han sido modificados para conservar la privacidad de las partes.


[1] Beneficiario del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Francisco Morazán, Honduras.

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